Implementar una ruta humanitaria que abarque cuatro países, abrir una Casa Binacional de los Derechos en la zona del Darién y fortalecer el sistema de alerta temprana que permita evidenciar los riesgos a la vida, seguridad e integridad de los migrantes, son tres propuestas clave que están en la mesa de los gobiernos para afrontar la cada vez más compleja crisis migratoria que se registra entre Colombia y Panamá.
La primera de las iniciativas, involucraría a Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica y se convertiría en un paso efectivo para minimizar los múltiples riesgos de la zona, así como para garantizar una mejoría en las condiciones de quienes hacen la travesía mediante la peligrosa selva del Darién, que en lo que va del año ya ha dejado unas 18 personas fallecidas, alrededor de 10 desaparecidas y miles con afectaciones de salud.
Esta propuesta, que sería la más esperada por los migrantes que se ven obligados a transitar por la llamada ruta de la muerte, fue planteada en 2021 por la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El titular de ese despacho, Carlos Camargo, reveló en exclusiva a enfrontera.com detalles de estos planteamientos, los desafíos que hay para que se cristalicen, sus preocupaciones y recomendaciones para que los funcionarios del gobierno desarrollen más sensibilidad y compromiso en torno al tema.
El defensor de derechos humanos, además, expuso que una de sus mayores preocupaciones por la crisis migratoria actual es la situación de los niños migrantes, especialmente los no acompañados, población que crece cada día más.
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Aunque todos los niños están en riesgo en ese periplo, los que viajan solos están expuestos a las peores circunstancias, no sólo por los peligros propios de la inhóspita selva, sino también porque estos pequeños pueden terminar en trabajo infantil o mendicidad, viéndose vulnerados todos sus derechos básicos. Incluso peor, pueden quedan a merced de quienes pueden explotarlos de diversas formas.
- ¿Por qué es necesaria una ruta humanitaria entre Colombia y Panamá?
Actualmente transitan por la frontera entre Colombia y Panamá población Migrante Transcontinentales y del Caribe que ingresa principalmente por la fronteras con Ecuador y residualmente por los confines con Brasil.
En el año 2021 se presentó una crisis migratoria por el represamiento y tránsito de 134.000 personas en grupos integrados por hombres, mujeres y 29 mil menores de edad, en su mayoría haitianos que transitaron por la peligrosa selva del Darién. Una cifra jamás vista y que es superior a la suma de los 15 años anteriores.
En lo que va corrido del 2022 el tránsito de población migrante y con necesidad de protección internacional sigue siendo recurrente, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá se calcula que cerca de 19.000 migrantes irregulares han llegado a Panamá tras cruzar la peligrosa jungla del Darién o por rutas marítimas, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante seguido de la haitiana, senegaleses, cubanos.
Esta migración irregular coloca en riesgo la vida, seguridad e integridad a las personas por las redes de tráfico ilícito que instrumentalizan a los migrantes ejerciendo otras acciones delictivas como la trata de personas, abuso y violación sexual (Médicos sin Fronteras ha atendido 89 víctimas en este año), hurto, carga de estupefacientes, entre otros delitos. Así mismo hay focos de Xenofobia y Aporofobia en parte a que los migrantes y refugiados venezolanos no cuentan con los recursos necesarios y deben rebuscarse o mendigar a fin de continuar el viaje.
- ¿Desde hace cuánto tiempo la han planteado en la Defensoría?
Ante estas situaciones, desde la Defensoría del Pueblo de Colombia hemos convocado en 2021 a los Defensores del Pueblo de Panamá, Costa Rica y Ecuador con fin de articular acciones de respuesta e incidir ante las autoridades de los países de origen, tránsito y acogida para una ruta humanitaria con base en el Pacto Internacional para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
En 2022 hemos venido insistiendo ante las autoridades nacionales y territoriales la búsqueda de alternativas que minimicen los riesgos, mejoren las condiciones con base en la persona y dignidad humana que incluya además la cooperación internacional presente en ambas fronteras.
- Defensor, ¿cómo se podría implementar y cuáles han sido las principales barreras que ha tenido hasta ahora esa propuesta de la ruta humanitaria?
Aunando esfuerzos entre las diversas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos por donde transitan estos movimientos migratorios mixtos, además del llamado a los gobiernos por donde transitan a generar alternativas humanitarias y reforzar las medidas de protección contra la trata y tráfico de personas. así como la necesidad de articulación de información que permita identificar el destino y necesidades de los NNA en el Darién.
Precisamente estamos gestionando con la Defensoría del Pueblo de Panama y la Cooperación internacional la puesta en marcha de una Casa de los Derechos Binacional en la zona de frontera entre ambos paises con el fin hacer protección por presencia con acciones asistencia humanitaria, activacion de rutas sobre derechos humanos y servicios de primer orden. En el mismo sentido estamos construyendo una alerta tempran Binacional para evidenciar los riesgos a la vida, seguridad e integridad.
- ¿Cuál es la situación que más le preocupa del tránsito irregular por esa zona?
En Colombia existe la alerta por el incremento de menores de edad no acompañados en todo el territorio, según UNICEF el 25 de mayo de 2022 llegaron a Canaán en Panamá 886 personas migrantes y refugiadas, de los cuales 687 son venezolanos y 137 Niños, Niñas y Adolescentes, de los cuales 7 eran no acompañados. Estos Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes son víctimas de fenómenos como el trabajo infantil o la mendicidad que les vulneran sus derechos básicos.
A lo anterior se suman vacíos de protección para niños, niñas y adolescentes en los territorios que garanticen la protección de la niñez refugiada y migrante como la deficiente identificación de los menores no acompañados y separados, en el mismo sentido no existen mecanismos claros para verificación de parentesco, falta de sistemas de información pública con enfoque en niñez y debilidad en el registro en la entrada por la frontera entre Colombia y Ecuador lo que aumenta las vulnerabilidades en la protección e interés superior de los NNA
- ¿En caso de personas fallecidas en la ruta, hay mecanismos para garantizar el derecho a las familias a información oportuna? ¿Cómo se les puede ayudar?
Desde la Defensoría del Pueblo lamentamos esta situación que infortunadamente se ha vuelto una constante, por lo que nuestros equipos de Defensores Comunitarios en las regionales de Urabá y Chocó hacen acompañamiento a las familias, cuando podemos apoyamos el traslado de los cuerpos para darles sepultura e incluso el acompañamiento la repatriación de los cuerpos cuando las autoridades y los familiares lo requieren.
Fortaleciendo las campañas para visibilizar las peligrosas condiciones en el cruce la selva del Darién y continuar incidiendo ante las autoridades para activar las rutas de prevención y protección de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional
- En el encuentro que hay en agosto en Panamá sobre el tema, ¿llevan una exhortación o propuesta concreta? ¿Cuánto urge esta medida?
La Defensoría del Pueblo de Colombia como miembro del GHANRI y la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO ha venido participando en diversos espacios internacionales donde insiste en:
Eliminación de discursos xenofóbicos y generar alternativas de fortalecimiento de las capacidades y sensibilidad en los funcionarios públicos en los países de tránsito y acogida hacia una atención basada en el principio prohomine y los derechos humanos.
Aunar esfuerzos ante la comunidad internacional y los países cooperantes para la financiación en la respuesta a las necesidades de las personas refugiadas, migrantes y con necesidad de protección internacional junto con las víctimas de violencias recurrentes por el conflicto armado.
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Incluir en las agendas de estados las acciones de contingencia hacia una respuesta a las personas desplazadas, migrantes y refugiadas por factores ambientales asociados al cambio climático.
- ¿Cómo se trabaja para minimizar estas vulnerabilidades a las que está expuesta esta población?
La Defensoría del Pueblo en pro de garantizar el respeto y garantía de los derechos de la población migrante como personas con necesidad de protección internacional, realiza visitas/misiones humanitarias de verificación y acompañamiento en las comunidades donde hay entrada, tránsito y acogida de esta población para identificar los vacíos de protección y barreras de acceso a sus derechos; posteriormente con los hallazgos evidenciados se procede a la estructuración de planes de trabajo y rutas de acción defensorial en beneficio de la población.
Así mismo se trabaja en el desarrollo de campañas para que a través de la divulgación la población migrante conozca los beneficios, los servicios y rutas de atención a los que pueden acceder y así mismo trabajar de la mano e incidir ante las autoridades, entidades territoriales, organismos gubernamentales y humanitarios en consecución de los derechos de esta población.
También, se trabaja a través de la red de alertas tempranas, la cual minimiza y previene la violación de los derechos de Refugiados, Migrantes y otras personas con necesidad de protección a la vez que se promueve la adopción de políticas públicas migratorias en todos los niveles del Estado y que estén basadas en el enfoque de derechos humanos y el goce.
En este tema debemos seguir avanzando en acciones claras de incidencia ante las autoridades del orden nacional y territorial para que se aplique la política pública, así como la articulación entre organismos gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de las medidas de respuesta del Ejecutivo para atender la situación de la población migrante y con necesidad de protección internacional, solicitantes de asilo y refugiados.
- ¿Quién más debería ser garante por los derechos humanos de estas personas?
El gobierno y la sociedad civil, que son los organismos que pueden gestionar de manera integral la migración y responder ante las necesidades de las personas migrantes más vulnerables tales como: Personerías municipales o distritales, la Procuraduría General de la Nación, Consejería para los Derechos Humanos (Presidencia de la República), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Defensoría Delegada para los Indígenas y Minorías Étnicas, Programa de la Presidencia de la República para la Juventud, la Mujer y la Familia así como Entidades no gubernamentales.
Con respecto a estos se ha evidenciado poca gestión y presencia de los mismos en las zonas donde hay entrada, tránsito y acogida de esta población; es imposible garantizar los derechos humanos de esta población sin sensibilidad y compromiso por parte del estado, las autoridades y las organizaciones que desde la sociedad civil brindan apoyo y soporte a las personas en tránsito por la región.
- ¿Cómo hacer para que cumplan estos mecanismos de protección?
Como Defensoría del Pueblo se le brinda capacitaciones a la población para que tenga claridad en cuanto a los derechos y beneficios a los que pueden acceder, así mismo en caso de ser vulnerados sus derechos se le apoya, instruye y acompaña en la formulación y presentación de los mecanismos de protección.
Para garantizar el cumplimiento de estos mecanismos de protección la Defensoría del Pueblo busca incidir a que entidades del Estado, de todos los niveles de gobierno, logren apoyar y proteger a quienes defienden los derechos humanos, a través de medidas concretas para su reconocimiento y protección.
