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Amnistía Internacional recomienda al gobierno colombiano romper con patrón de impunidad asociado a las protestas de 2021

La Secretaria General de AI, Agnès Callamard, presentó el informe "La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021"

por Carola Briceño
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Agnés Callamard pide a Colombia romper patrón de impunidad de 2021

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) recomendó este jueves al nuevo gobierno colombiano «romper con el patrón de impunidad asociado» a las protestas de 2021, así como «pedir perdón» a jóvenes, mujeres y afrocolombianos afectados por la represión, además de adelantar «reformas a profundidad» de las fuerzas de seguridad.

En la presentación del informe «La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021», la Secretaria General de AI, Agnès Callamard, pidió a las nuevas autoridades colombianas «actuar con resolución y efectividad» para garantizar que la violencia de las fuerzas de seguridad no se convierta en violencia del Estado y del sistema.

«Queremos manifestar nuestro llamado en el sentido de que los cambios paradigmáticos que quieren hacer tiene que comenzar con las mujeres, la juventud y las personas LGBTIQ+ que se atreven a ir a la calle, y se atrevieron a ir en 2021 pidiendo un mejor Estado», precisó Callamard, quien estuvo acompañada de la Directora para América de la organización, Erika Guevara Rosas.

Consideró que el nuevo gobierno debería tener como reto reconocer públicamemte de manera clara lo ocurrido en 2021 y no tolerar ni un solo caso de violaciones a derechos humanos.

«Cómo máximo mandatario de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro debe dictar una orden en la que condene todas las formas de violencia sexual y de género y exija que se les ponga fin», señaló la Secretaria General de AI.

El informe de AI documenta 28 casos de violencia de género contra mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco de las protestas. Estos hechos se registraron en siete ciudades: Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá.

El documento, según informó la organización en un comunicado de prensa, expone «una serie de conductas violentas» de agentes del Estado, especialmente de la Policía Nacional, las cuales iban desde «uso de lenguaje sexista, misógino y abusivo» hasta violencia sexual, que, precisa la organización, «puede constituir una forma de tortura».

“La violencia de género, y especialmente la violencia sexual, arrastra un doloroso historial en el contexto del conflicto armado de Colombia: un historial que las autoridades aún no han superado. Durante el Paro Nacional de 2021 recibimos cientos de reportes de violencia de género en los que se exponían con detalle violencia psicológica, discriminación, amenazas, tocamientos, acoso sexual, desnudez forzada, tortura y violencia sexual», señaló el comunicado.

De acuerdo con los casos documentados, las mujeres que se manifestaban fueron objeto de numerosos ataques, y entre las sobrevivientes hay mujeres afrodescendientes e indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, trabajadoras de la salud y madres.


El informe revela de qué manera la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ estuvo indisolublemente ligada a otros factores de discriminación, como la raza, el origen étnico y la orientación sexual. Los testimonios de mujeres indígenas, afrodescendientes y trans revelan cómo sus identidades se convirtieron en motivos adicionales de represión, y agravaron el riesgo de violencia.

Además, documenta, cómo mujeres y personas LGBTIQ+ dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos sufrieron ataques caracterizados por el machismo, la homofobia y otras formas de odio y estigmatización.

Estas violaciones de derechos humanos se registraron en dos situaciones: durante la actuación de la Policía Nacional para dispersar las protestas y durante las detenciones que siguieron.

En ambas situaciones -indica el comunicado- actuando a título oficial, hubo agentes de la Policía Nacional que cometieron actos que iban desde los insultos sexistas y las amenazas hasta la violencia sexual.

«El factor común en todos estos casos fue la intención con la que se perpetró la violencia: sus autores pretendían castigar a quienes se manifestaban por cuestionar las normas sociales de género y por salir a la calle a ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica», precisa.

La organización de derechos humanos señala que también recibió información sobre la manera en la que el sistema de justicia «eludió responder o respondió inadecuadamente» a las denuncias de las sobrevivientes de violencia de género. Asimismo, indica, que varias sobrevivientes declararon que habían decidido no presentar denuncia ante la Fiscalía, por temor y por desconfianza.

Migrantes venezolanas víctimas de violencia de género

Además de la presentación del informe, durante su visita a Colombia, Callamard estuvo en Bogotá en comunidades de acogida a la población refugiada y migrante venezolana y de colombianos retornados.

En el recorrido estuvo acompañada por el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien coordina programas de atención a mujeres migrantes en Colombia; y el director de AI España, Estebán Beltrán.

En la visita al sector Altos de San Isidro de Soacha, pudieron constatar las condiciones complejas en las que residen las féminas venezolanas y colombianas retornadas, quienes reportaron «carencias de servicios públicos y abandono de las autoridades en la atención a víctimas de violencia de género», precisó Gómez.

En los días previos, la alta representante de la organización de derechos huamnos se reunió con mujeres migrantes y con representaes de ONGs dedicadas a trabajar con esta població en preveción de violencia de género. También sostuvo encuentros con el director de Migración Colombia, representantes de ACNUR, representantes del gobierno Metropolitano de Bogotá y con otros funcionarios del gobierno nacional.

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